En medio de la polémica instalada en las últimas semanas, el Consejo de la Magistratura volverá a reunirse la semana próxima para tratar el concurso para cubrir el juzgado Civil y Comercial federal 1, donde se tramita la causa por la Ley de Medios, mientras hoy la Comisión de Disciplina y Acusación del cuerpo citó a los jueces de ese tribunal, entre ellos Ricardo Recondo, para que expliquen sobre las subrogancias en ese fuero.

La Comisión de Labor del Consejo resolvió que el jueves de la semana entrante, a las 10, en su sede de Libertad 731, se realice un nuevo plenario para tratar el concurso 258 objetado por cinco miembros de la oposición que consideran que algunos de los candidatos responden al Gobierno para fallar en la causa.

Ya fracasaron tres plenarios en los que el oficialismo no dio quórum –necesita nueve votos para aprobar el concurso y tiene ocho– y la oposición bloqueó la aprobación al no aceptar la propuesta de avalar a los candidatos que no son objetados.

Por otro lado, el kirchnerismo en el Senado se sumó al intento del Gobierno de involucrar a la Corte en la resolución de la crisis desatada en el Consejo de la Magistratura, por la designación de jueces en el tribunal que debe tramitar los recursos contra dos artículos de la Ley de Medios.

Los senadores nacionales del Frente para la Victoria aprobaron ayer una preferencia para que, en la próxima sesión, se trate un proyecto de comunicación instando a la Corte Suprema a revisar el procedimiento para cubrir la vacancia en el juzgado nacional en lo Civil y Comercial Federal N 1. 

Rechazo de Torti

El juez en lo Civil y Comercial Federal Raúl Torti rechazó la recusación que presentó el Gobierno nacional en su contra.

Carrió denuncia

Elisa Carrió presentó ayer una denuncia contra Alejandra Gils Carbó, Juan Abal Medina y el ministro Julio Alak, por "extorsión".

El oficialismo impulsará el per saltum

El oficialismo presentó ayer en el Senado un proyecto de ley para reglamentar el per saltum, un recurso extraordinario ante la Corte en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que están afectadas "cuestiones de notoria gravedad institucional" y cuya solución "expedita y definitiva" sea necesaria. La iniciativa se funda en el mecanismo jurídico que fue utilizado en la década de 90 por el gobierno de Menem en causas vinculadas a las privatizaciones y se tratará en la comisión de Asuntos Constitucionales.