En 1977, a seis meses de que un grupo de madres comenzara a dar vueltas todos los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo, doce mujeres decidieron, un 22 de octubre, buscar a los hijos robados a sus hijos secuestrados por la dictadura cívico-militar. Originalmente se identificaron como "Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos", pero la historia y el pueblo las bautizaron "Abuelas de Plaza de Mayo". Raquel Radío de Marizcurrena, Clara Jurado, María Eugenia Cassinelli de García Iruretagoyena, Celia Giovanola de Califano, Haydée Vallino de Lemos, Alicia "Licha" Zubasnabar de De la Cuadra, Leontina Puebla de Pérez, Beatriz Aicardi de Neuhaus, Eva Márquez de Castillo Barrios, María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani, Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez y Mirta Acuña de Baravelle fueron las doce madres-abuelas que iniciaron la tarea que hasta hoy permitió recuperar 107 nietos. 

El Estado argentino tardó 28 años en reconocer el trabajo de las Abuelas. En 2005 promulgó la ley 26.001 sancionada por el Congreso Nacional en diciembre de 2004, que establece el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad. 

La Justicia tardó 35 años en reconocer formalmente la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Bebés a mujeres secuestradas durante la última dictadura. El 5 de julio de este año se condenó a 50 años de reclusión, la máxima sanción prevista en la legislación nacional, al ex dictador Jorge Rafael Videla, y aplicar severas penas de hasta 40 años a otros represores. El Tribunal Oral Federal 6 de esta Capital condenó además en la misma causa a 30 años de prisión al ex marino Jorge Tigre Acosta y a 15 años al ex dictador Reynaldo Bignone. 

La causa la habían iniciado las Abuelas hace dieciséis años y al leer el fallo, la jueza María del Carmen Roqueta dejó expresamente sentado que para el tribunal cada uno de los 36 casos que se ventilaron en ese juicio constituyen "parte integrante de un Plan sistemático de robo de bebés". 

El trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo está muy vinculado con el de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONaDI), creada en 1992, y del Banco Nacional de Datos Genéticos que permite obtener la información genética para establecer la filiación familiar.