La espada de Damocles finalmente cayó sobre el Gobierno. Pero la protesta del campo todavía no produjo la eyección de otros funcionarios además de quien fuera ministro de Economía, Martín Lousteau. Sí, en cambio, le ha corrido el velo a las internas que corroen la presidencia de Cristina Fernández.

Los idas y vueltas que precedieron a la medida de fuerza adoptada por las cuatro entidades agropecuarias que encabezan la protesta así lo confirman. Pero eso no es todo; además se puso en evidencia el fuerte centralismo del kirchnerismo, donde la ausencia de mandos medios con capacidad de decisión produce día a día el desgaste de un Gobierno con apenas cinco meses en funciones.

Todas las miradas apuntan al ex presidente Néstor Kirchner. Pero no necesariamente es malo que sus opiniones tengan un efecto vinculante en las decisiones de la actual gestión. Tampoco es condenable que el patagónico sea su principal asesor económico y político. En todas partes hubo Rasputines. Lo nocivo es el bicefalismo, el doble mensaje, no con fines estratégicos, sino como producto de torpezas evitables y que a la postre se terminan pagando caro en la opinión pública. Lo torpe es que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, diga una cosa (o se haya dicho que dijo), y que tres horas más tarde termine afirmando lo contrario.

Empero, este cronista no cree en la teoría banal de que asistimos a un gobierno de catrera, en el que las decisiones de Estado son una suerte de escenas de la vida conyugal de los Kirchner. Es una ingenuidad pretender –como anhela una oposición insólitamente inorgánica– que el ex mandatario, hoy virtual jefe del justicialismo, pase a cuarteles de invierno.

Por lo demás, el conflicto entre el Gobierno y el campo superó con creces el plano de lo sectorial. Se han mezclado cuestiones que van más allá de la demanda de políticas agropecuarias. Por ejemplo, escarapela en pecho, los líderes rurales salieron a ventilar las internas del Gobierno, apartándose del marco de lo que es una estricta negociación. Salvo por su enfrentamiento con el jacobino Alfredo De Angelis, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, no ha tenido por qué hacer públicos los mea culpa en sordina de Alberto Fernández.

No son buenas las beatificaciones. Esta puja no es entre buenos y malos. La mesa chica del kirchnerismo ha perpetrado grandes desatinos, que en gran parte explican esta crisis. Pero las entidades del agro no pueden manejarse con el método del ultimátum; ningún gobierno del planeta se sienta a negociar así. Cualquier gobierno –a menos que esté en un nivel de vulnerabilidad extrema– debe demostrar un grado razonable de dureza antes del acuerdo; de lo contrario, si aparentara debilidad, otros sectores se animarían a producir una catarata de demandas de justicia indiscutible, pero que probablemente rebasarían la capacidad de respuesta del Estado.

Pero el nudo gordiano siguen siendo las retenciones móviles. En septiembre pasado, antes de los aumentos de las retenciones del 7 de noviembre y del 11 de marzo, las empresas exportadoras tenían declarada la venta de casi la mitad de la cosecha no sembrada de soja y debían pagar al Fisco una alícuota del 27%. La declaración no obliga a las cerealeras a comprar de inmediato la soja a los productores; es un mero registro que fija el monto de la retención. Ahora, el productor percibe de los carteles de exportación el precio internacional menos el valor de la alícuota post 11 de marzo, o sea, el 44%. La diferencia entre el 44% y el 27% equivale a 2.000 millones de dólares, que quedan en manos de las multinacionales de granos. Se premia al grande y se castiga al chico. Si el Gobierno no entiende esto, el conflicto no tiene fin.