Todo imputado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, la carga de la prueba corre por cuenta de la parte acusadora, no de la defensa, en juicio previo. Por eso, y por más escandaloso que suene, formalmente sería precipitado condenar sin más a Felisa Miceli, así la prensa y la voz de la calle hagan tronar la voz del escarmiento sobre las espaldas de la ex ministra del gobierno del presidente Néstor Kirchner.

Debería primar entonces el principio de inocencia, que además de tener raigambre constitucional, es una de las garantías que protegen los derechos fundamentales de todo ciudadano, aunque en aras de la erradicación de la delincuencia y el imperio de la seguridad algunos pretendan abolirlas e instaurar exclusivamente el reino del derecho punitivo puro.

Pero hasta acá estamos en el ámbito de la formalidad. No obstante, ¿qué se puede decir del burdo escándalo que terminó con la eyección de Miceli de su cargo? La condena social tiene sus urgencias y casi siempre es precoz (a veces injustamente) en estos menesteres. Pero, en este caso, hay buenas razones que dan pábulo a las suspicacias. Si no, ¿qué puede pensar un ciudadano cualquiera si a un conocido suyo le encuentran en el baño de su trabajo un bolso repleto de dinero? ¿No tendrá mayores sospechas para dudar sobre la honorabilidad de esa persona si, además, esta esgrime como excusa el cuento del tío (o del hermano) con aparente propósito encubridor? ¿Qué puede ocurrir si, además, el individuo al que se le atribuye la posesión (no la propiedad) del insospechado tesoro es una funcionaria pública? ¿Qué sucede si, para colmo, el sujeto de marras es nada menos que ministra de Economía (ni siquiera una secretaria) de un gobierno que llegó al poder con promesas de cambio y contraponiéndose discursivamente, cada vez que pudo, a los alegres años del menemismo?

Se presume inocencia, pero la ley de la calle percibe otra cosa. La tardía renuncia de Felisa Miceli –previa ratificación del oficialismo– no hizo otra cosa que echar más leña al fuego, y terminó pareciéndose más a una capitulación que a una decisión del Gobierno frente a la sociedad en el sentido de ejercer la mano dura y sin dilaciones ante la menor sospecha de corrupción.

No se sabe si Miceli faltó a sus deberes de funcionaria pública o si deshonró su cargo. Eso lo determinará la Justicia en su debido momento. El hecho concreto es que su salida representa un escándalo que ni siquiera puede ser disimulado por la vorágine informativa. Las malas lenguas atribuyen peleas internas en el Gobierno entre los que seguirán con la flamante candidata presidencial del oficialismo, la senadora Cristina Fernández, y los que simplemente quedarán en el camino. Llama la atención el tendal de "víctimas" (todas ellas mujeres) que han dejado las últimas semanas: además de la ex ministra, también están bajo la lupa de la Justicia la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y nada menos que Nilda Garré, titular de la cartera de Defensa, quien fue imputada en el delito de contrabando de armas a EE.UU. por el cuestionado juez Guillermo Tiscornia.

El sentido común indica que, a tres meses de las elecciones, una cadena de escándalos de esta envergadura debería reportarle algún costo político al Gobierno. Sin embargo, no hay nada escrito al respecto. En Brasil, Lula logró sobreponerse a los casos de corruptelas que involucraron a varios miembros de su gabinete (entre ellos, a su ministro de Hacienda, Antonio Palocci) y fue reelecto.

La Justicia es siempre lenta, tanto que a veces no llega nunca y, se sabe, la justicia que llega tarde no es justicia. La ley de la calle, en cambio, es más visceral, más expeditiva en repartir culpas; no repara en procesos ni en abstracciones. No obstante, la búsqueda de la reparación del daño público en una democracia, lamentablemente, sólo se puede plasmar en el clímax efímero de la libertad política del ciudadano: el sufragio.