Es incuestionable que uno de los logros del gobierno del presidente Néstor Kirchner se manifiesta en los números de la macroeconomía, sobre todo en el incremento del gasto, las exportaciones y el consumo.
No obstante, a seis años de la salida de la convertibilidad y de la inauguración del modelo económico basado en el dólar alto, el aliento a las exportaciones, el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y los salarios bajos (a precios internacionales), y a cuatro desde la asunción de Néstor Kirchner al poder, la actividad económica comienza a mostrar algunos signos de desaceleramiento.
Y desde toda lógica, ello no podía ser de otra manera. En efecto, ya hace un tiempo algunos sectores vienen advirtiendo los límites que a mediano plazo puede encontrar la nave argentina, en particular en lo que respecta a una industria que ha llegado al límite de su capacidad instalada y que ahora necesita de inversiones a granel para que la demanda de bienes no la rebase.
Como se sabe, en todos estos años, el consumo ha sido una de las locomotoras que ha remolcado el crecimiento del producto (junto con el gasto público, más aún en un año electoral, y el boom de las exportaciones). Paralelamente, después de la depresión económica del período 1998-2002, la industria se limitó a reutilizar la capacidad ociosa y, más tarde, a reinvertir ganancias.
Pero para que un país siga creciendo a tasas cercanas al 8 por ciento, los imperativos de la hora tropiezan con la escasez de líneas de crédito de los bancos y con un mercado de capitales jibarizado. En otras palabras, para que la producción aumente, ya no alcanza con el piloto automático: a partir de ahora, el flujo de inversiones determinará la clase de país que queremos ser.
Desde luego, eso implica el abandono de las políticas inmediatistas, cuyo horizonte choca siempre con la próxima justa electoral, y la apuesta hacia un desarrollo estratégico de largo aliento.
En ese sentido, una de las preocupaciones de los empresarios radica en los obstáculos para acceder a líneas de crédito que ayuden a muchas empresas en dificultades a ensanchar su capacidad para satisfacer la demanda y, eventualmente, volcarse a los mercados externos.
Desde el Ministerio de Economía, una de las respuestas que se ha dado a esa inquietud ha sido la posibilidad de lanzar un banco de fomento, al estilo del colosal Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que maneja un presupuesto aproximado de 120 mil millones dólares, muy superior al del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que destina fondos a industrias de diversos países de la región.
Pero a poco que se vengan los recuerdos, no podrá dejar de rememorarse la triste experiencia del Banco Nacional de Desarrollo (Banade), entidad financiera creada en los años de Onganía y liquidada por el decreto presidencial 1027 de Carlos Menem en 1993.
El Banade fue uno de los más grandes monumentos a la corrupción que se hayan erigido en el país. Concebido –en una lógica desarrollista– como herramienta financiera para las pequeñas y medianas empresas, terminó convirtiéndose en la caja de las grandes compañías y de los amigos del poder político. Para darse una idea: el Banco otorgó créditos a grandes empresas por 5.700 millones de dólares que nunca fueron devueltos y en su cartera figuraron clientes que hoy en día exhiben el cartel de honorables hombres de negocios. El Banade fue uno de los ejemplos más acabados del contubernio entre el Estado argentino y el vampirismo de los sectores privados que siempre se llevaron la parte del león.
A una década y media de su disolución, muchos nos preguntamos por qué razón las cosas deberían ser diferentes si las sanguijuelas de siempre siguen enquistadas en el mismo lugar: el caso Skanska es sólo una pústula más de una historia de corruptelas interminables que trascienden el signo político de los gobiernos de turno. Es sólo la confirmación de una metástasis.