¿Cómo un diferendo ambiental puede agitar las pasiones al punto de convertirlo en un conflicto internacional? ¿Por qué una protesta encapsulada en sus orígenes en un ámbito periférico terminó por seguir el camino de la polarización?

Precisamente, el "desencapsulamiento" se produjo en el tránsito de la esfera ambiental a la de un nacionalismo sobreactuado por los poderes políticos argentinos y uruguayos y que significó la liberación de instintos ciegos que cerraron el camino a cualquier entendimiento.

Ahora la suerte está echada; tras cuatro años de desatinos políticos, el manotazo de ahogado fue ir en busca del rey Juan Carlos I, una figura por demás respetada en la alta política del subcontinente. Sin embargo, acaso por ingenuidad, la diplomacia argentina creyó que el peso del monarca por sí solo sería capaz de cortar el nudo gordiano. Los resultados están a la vista: el rey quedó pedaleando en el aire.

Es que siempre los intereses en juego fueron múltiples, como variados los actores sociales y políticos en escena. Del lado uruguayo, el débil gobierno de Tabaré Vázquez también se jugó el "honor nacional"; pero además, el peso en inversión directa de la empresa finlandesa Botnia en la pequeña economía uruguaya es un dato a tener cuenta a la hora de juzgar lo que desde este lado puede interpretarse como simple tozudez oriental.

De manera análoga, desde una postura que atienda a los principios del derecho ambiental, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG) tiene razones para reclamar la preservación del entorno que considera amenazado. En ese sentido, la protesta hasta puede proclamar su raigambre legal a tenor de la Ley General del Ambiente, que en su artículo 4º vertebra la política ambiental en los principios precautorio y de equidad intergeneracional.

No obstante lo cual, hay que decir que la complejidad del mundo real excede el marco general establecido por los principios, los cuales si bien pueden inspirar líneas de comportamiento, no pueden convertirse en herramientas de aplicación mecánica, so pena de caer en un dogmatismo fundamentalista.

El punto es cómo se llegó a esto. En nuestro país, al menos, la respuesta hay que buscarla en la impericia con que el poder político –federal y provincial– encaró el problema. El pecado original consistió en no actuar con la suficiente firmeza cuando en 2002 el gobierno uruguayo decidió concederle a la empresa española Ence los permisos para construir la primera planta de celulosa sobre el río Uruguay.

El segundo error fue creer que la asunción de Tabaré Vázquez como presidente de la República Oriental, en marzo de 2005, supondría ipso facto –por "sintonía ideológica" con Kirchner– la suspensión de la instalación de las pasteras, desconociendo que en realidad se trataba de una política de orientación nacional iniciada por su antecesor, Jorge Batlle.

Por último, el Gobierno cometió otro yerro al hacer suyos, sin más, los reclamos de la ACAG y convalidar sus métodos de protesta. La frutilla del postre fue la recordada concentración convocada por Kirchner en mayo de 2006 en el corsódromo de Gualeguaychú, con presencia plenaria de gobernadores y del Gabinete nacional, acto que virtualmente significó un punto de no retorno en las negociaciones con el país vecino.

Desde entonces todo se reduce a un juego de suma cero, en el cual nadie está dispuesto a ceder un ápice. Mientras la Argentina dice "No a las pasteras", los uruguayos se afirman en su "derecho soberano" de construirlas y ponerlas en funcionamiento. El impredecible y zigzagueante mandatario uruguayo no haría otra cosa que dar la puntada final.

Por fin, en Santiago de Chile se vio cómo el diletantismo y la sobreactuación se constituyeron en la base del repertorio de acciones de las partes involucradas. En el caso argentino, no es exagerado decir que la ACAG tuvo un peso decisivo en los pasos seguidos por las autoridades nacionales y que ese cóctel sólo produjo una galvanización aún mayor, sin retorno, del conflicto.