El Estado argentino apuesta a defender la "legalidad" de sus demandas ante Uruguay, más allá de declaraciones políticas y, por ese motivo, eligió llevar el diferendo de las pasteras a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y presentar allí sus razones, y no el camino "mediático". De esa forma, Romina Picolotti, integrante del equipo argentino que asesora a la Cancillería, criticó la forma (ver nota) en que el gobierno uruguayo comunicó todo lo relacionado con lo hecho en relación con las pasteras.

Picolotti calificó de "poco prudente" lo que realizó anoche el gobierno de Tabaré Vázquez, y dejó en claro que la Argentina "nunca se valdría" de algo así porque se trata de un caso de derecho. "Más allá de las declaraciones políticas que se puedan hacer al más alto nivel, es preciso recordar los objetivos del cuestionamiento que llevó la Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es la legalidad (que deben tener) los emprendimientos pasteros", subrayó la especialista.
Romina Picolotti, titular del Centro de Derechos Humanos y Ambiente de Argentina, subrayó en ese sentido que "hay una cuestión de legalidad y de respeto a las normas que ambos países firmaron". "Eso es lo que la Argentina está defendiendo desde el primer momento y ahora en la Corte" de Holanda, insistió la abogada, y recordó que la Argentina sostiene que se violó reiteradamente el Estatuto del Río Uruguay.