Muchas cosas se podrán decir del juicio político llevado adelante contra Aníbal Ibarra, menos que se trató de un golpe institucional para desalojarlo del poder. Por el contrario, por primera vez en la historia de la ciudad de Buenos Aires, los mecanismos democráticos se utilizaron a pleno para juzgar, tal cual lo manda la Constitución del gobierno autónomo capitalino, la conducta de su máximo funcionario.

La muletilla del "golpe institucional" no resiste el mínimo análisis. No existen los golpes de estado de esa naturaleza. Cuando un Presidente, o un gobernador o un intendente es relevado o bien reivindicado en sus funciones a través del mecanismo del juicio político, no ocurre otra cosa que el pleno funcionamiento de la estructura democrática que la sociedad votó para preservarse.

Así funciona el sistema, y así, guste o no, deberá ser aceptado. Pueden fallar las personas, tanto en la acusación como en la defensa. Pero la Carta Magna y las leyes correspondientes están para cumplirse y para aceptarse.
Es fácil pensar qué hubiera pasado si la tragedia de Cromañón se hubiera dado en la gestión de Mauricio Macri, en caso de haber sido éste y no Aníbal Ibarra, jefe de Gobierno. Porque hay que aclararlo, difícilmente ese desastre –fruto de años de corrupción y permisividad– hubiera esquivado banderías. Ibarra no pudo evitarlo y probablemente Macri tampoco.

Pero Macri no hubiera durado 24 horas en su cargo ni habría llegado siquiera al juicio político. Es probable que las máximas autoridades de la Nación hubieran estado casi de inmediato en el lugar de los hechos y que toda la izquierda se hubiera volcado a las calles pidiendo de inmediato la destitución. La tragedia habría servido de formidable estandarte para lo más oscuro y deleznable de las mezquindades políticas y nada de lo que ocurrió desde aquél terrible 30 de diciembre de 2004 hasta la fecha habría tenido lugar.

El jefe del gobierno porteño, por el contrario, tuvo todas las garantías que la sociedad da a un juicio justo, con el pleno derecho a la defensa. Contó además con el formidable apoyo del aparato del Estado. El tema escapó rápidamente de la circunscripción metropolitana y, como era previsible, se transformó en una cuestión nacional.

Cuando se ejercen cargos públicos hay responsabilidades que no pueden eludirse. Si un colectivo repleto de escolares no respeta una barrera ferroviaria y el vehículo es arrollado por el tren y muere medio centenar de niños, tal tragedia exige una inmediata investigación. Si el transporte y su chofer estaban perfectamente en regla y habilitados fehacientemente para ejercer tal condición, no hay mucho más para hablar y todo se deberá encuadrar en función de las responsabilidades y resarcimientos indemnizatorios.

Pero si se comprueba que el rodado en cuestión tenía un permiso falso o no lo tenía, al igual que su conductor, ello ameritará una investigación penal que deberá hacerse escalonadamente, hasta las últimas consecuencias. Y si se llega a descubrir que tal desastre fue producto de una estructura permisiva e ilegal, a cambio de coimas o prebendas, obviamente la escala de culpabilidades deberá ir subiendo y corresponderá el juicio político de la máxima autoridad si se comprueba que no supo, no quiso o no pudo articular fehacientemente los mecanismos de control para que eso no ocurriera.

El señor Ibarra no se puede quejar de haber sido llevado a juicio político, porque aunque no es culpable directo (obviamente él no tiró la fatídica bengala) no puede dar la espalda a la responsabilidad, por el negligente y corrupto funcionamiento de una estructura a su cargo, en la muerte de casi 200 inocentes, el hecho más horrendo en su tipo en la historia de nuestro país. Queda ahora en la conciencia de quienes emitieron su voto en la sala juzgadora sobre la decisión adoptada. Queda también en la memoria de la sociedad el no olvidar nunca todo lo ocurrido. Porque poder no es impunidad.