Un nuevo frente de batalla se le ha abierto al gobierno argentino tras la rescisión del contrato de concesión con la empresa francobelga Aguas Argentinas (Suez - Lyonnaise des Eaux). A la incertidumbre sobre el futuro desempeño de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal creada ad hoc para suplantar a Suez en el suministro de agua potable a la Capital y a diecisiete partidos del Gran Buenos Aires, se suma ahora la injerencia del gobierno francés por lo que considera una desordenada salida de otra de sus empresas en la Argentina. Francia exige "condiciones satisfactorias" para el cese de actividades de Suez.
¿Qué significa esto? Pues que la Argentina asuma los costos de indemnización por la cancelación del contrato, o sea, unos 1.700 millones de dólares. El tema ya ha sido planteado por Suez ante el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (Ciadi), órgano del Banco Mundial que dirime diferendos financieros entre países soberanos y empresas multinacionales. Según fuentes de la Procuración del Tesoro, la Argentina acumula unas cuarenta demandas ante ese tribunal por un monto aproximado de 30 mil millones de dólares. Es decir, la demanda de la multinacional francesa es una raya más al tigre.
Sin embargo, para llegar a ese estado debió recorrerse un gran trecho. Para que los laudos del Ciadi sean vinculantes es menester el concurso de dos requisitos. El primero es haber firmado y ratificado el Convenio de vinculación al Ciadi. La Argentina lo suscribió por Ley 24.353 de agosto de 1994. Por otro lado es necesario firmar acuerdos bilaterales –los Tratados de Protección y Promoción de Inversiones (TPPI)– con los países en donde están radicadas las casas centrales de las empresas. A lo largo de la década de 1990 la Argentina firmó alrededor de cincuenta de esos tratados. Con Francia el país suscribió un TPPI en junio de 1992, aprobado por Ley 24.100. Como se ve, todos los caminos conducen a Roma y el Ciadi será el que decida.
Sobre la base de este marco regulatorio, el gobierno francés ha salido a reclamarle a la Argentina seguridad jurídica. En Francia consideran "repentina" la cancelación del contrato con Aguas Argentinas, pese a que desde septiembre de 2005 la empresa venía barajando la posibilidad de retirarse ante la imposibilidad garantizar la calidad del servicio y el pago de una cuantiosa deuda que mantiene con el Banco Mundial.
Es esta la famosa "piedra en el zapato" a la que se refería el presidente francés, Jacques Chirac, durante la visita protocolar que le hiciera su par argentino, Néstor Kirchner, a principios de 2005. Ahora el problema ha crecido y las relaciones entre Francia y la Argentina no atraviesan por su mejor momento, al punto que en la próxima visita de Chirac por Suda-mérica –que abarcará Chile, Uruguay y Brasil– Buenos Aires ha quedado fuera de agenda.
Cómo se llegó a esto sería largo explicarlo. La pesificación y la negativa del Gobierno de financiar nuevas obras a través de aumentos de tarifas hicieron lo suyo para mermar la capacidad de inversión de Aguas.
Pero al final, los errores e improvisaciones de ambas partes –como ocurre con otros servicios básicos– fueron remitidos a la cuenta del usuario.
Y no se trata de una defensa a ultranza del derecho del consumidor. Estamos hablando del agua, un servicio indispensable para la vida. Ninguna empresa ni el Estado, por las razones que fueren, pueden poner en peligro la salud de miles de personas. Las denuncias de habitantes de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense, así lo atestiguan.
Aguas Argentinas le debe al BM alrededor de 600 millones de dólares y espera que el Estado argentino asuma esa deuda. Pero si los consumidores del agua suministrada por la empresa desarrollan enfermedades, ¿quién pagará las consecuencias por ese servicio deficiente brindado durante años?