Carlos Grosso, sin embargo, todavía está involucrado en la concesión de un predio municipal.

La investigación por la bautizada "escuela shopping", construida en el barrio porteño de Once durante la gestión de intendente de Carlos Grosso, quedó ayer en la nada tras 13 años de pesquisa, al ser declarada prescripta por el juez federal Jorge Ballestero.
En una decisión que ya fue apelada por la Procuración porteña, el juez dejó así desvinculado del polémico caso al ex intendente Carlos Grosso, principal imputado en la causa junto a ex concejales y empresarios que se hicieron con ese predio, informaron fuentes judiciales.
El escándalo por lo ocurrido con la escuela municipal Presidente Mitre, en avenida Pueyrredón y Sarmiento, estalló en 1992 por denuncia del entonces concejal y hoy jefe de Gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra.
En realidad la maniobra se había concretado la madrugada del 30 de diciembre de 1990, cuando los entonces ediles del ya disuelto Concejo Deliberante aprobaron por amplia mayoría entregar parte del predio de la escuela para ser explotado comercialmente.
Se trataba del centro de abastecimiento municipal 74, donde estaba emplazado el colegio, a dos cuadras de la estación de trenes de Once.

Aulas inhabitables

En marzo del año siguiente, al comienzo de las clases, los alumnos encontraron que su escuela se había trasladado al primer piso del predio, con aulas casi sin ventanas, falta de patios y otras irregularidades que fueron denunciadas por los padres.
La planta baja se había usado para levantar locales comerciales, dados en concesión al empresario Salomón Salem, uno de los imputados en la causa ahora cerrada.
Según la pesquisa, el empresario Salem recibió el predio como compensación por un crédito que tenía contra la Comuna y encargó la construcción de los locales, en desmedro de la escuela que quedó desplazada al piso superior.
Desde 1992, la pesquisa pasó por más de seis jueces, se mudó de la justicia en lo criminal común a la federal y demoró seis años en la Corte Suprema de Justicia por estos conflictos de competencia.
Todo ese tiempo se demoró para determinar únicamente si debía intervenir la justicia de instrucción o la federal.
Entre las últimas medidas conocidas en la pesquisa, el 27 de julio de 2001 el fiscal federal Luis Comparatore reclamó el procesamiento del ex intendente Carlos Grosso y del empresario Salomón Salem por el delito de defraudación a la administración pública, reprimido con penas que van de dos a seis años de prisión.
El 28 de diciembre de ese año, la Cámara Federal rechazó pedidos de procesamiento con prisión preventiva contra Grosso, quien por entonces fue fugaz jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete durante la semana de la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá.
Por ese entonces la investigación estaba a cargo del magistrado federal y ahora camarista Gabriel Cavallo, después pasó por el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral y finalmente fue cerrada por Ballestero.

Un tema pendiente

Grosso se encuentra aún involucrado en un expediente que permanece en la Cámara del Crimen, en el que se investiga la concesión del predio municipal del Velódromo a la firma Asesores Empresarios.
Esa causa también fue iniciada por Ibarra, quien aseguró que se trató de una adjudicación "digitada", ya que la ganadora no había acreditado ningún antecedente y su directorio estaba integrado, entre otros, por Osvaldo Diéguez –quien se desempeñaba en la FEPAC, fundación que lideró el ex secretario de la Presidencia, Alberto Kohan–, y Héctor Antonio, hijo del empresario menemista Jorge Antonio.
Además de Grosso, declararon en ese expediente Daniel Pandolfi, hermano de Víctor Pandolfi, ex presidente del Concejo Deliberante, el ex edil Jorge Castells, Jorge Salomoni, Carlos Guerrero y Raúl Kalinsky.